Bogotá,  julio 31 de 2015 (MASD). El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Gabriel Vallejo López, presentó hoy junto con los ministros de defensa, Luis Carlos Villegas;  Minas y Energía, Tomás González y de Justicia y del Derecho, Yesid Reyes,  la nueva estrategia para combatir la minería criminal, después de que el presidente Juan Manuel Santos anunciara un paquete de medidas para luchar de forma frontal contra la minería criminal. Estas acciones de gobierno no solo permitirán luchar contra el flagelo, sino también recuperar las zonas afectadas por la práctica ilegal.

 

Al explicar el paquete de medidas anunciadas ayer por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, el Ministro Vallejo  destacó  varias bondades del proyecto de ley que será presentado al Congreso,  y del  decreto que expedirá el Gobierno, y que hacen parte de los componentes legales que reforzarán la lucha contra este flagelo que causa uno de los peores daños a los recursos naturales del país.

 

Con respecto al proyecto de ley se propone conceder nuevas facultades ambientales a la  a la Fuerza Pública para suspender actividades mineras ilegales y realizar decomiso de oro,  de procedencia ilegal.

 

De otro lado, se propone que los recursos que generen los decomisos por parte de las autoridades mineras, policiales o ambientales, puedan ser utilizados en la restauración de áreas afectadas.

 

La otra herramienta de esta política, es un decreto que se va a firmar en las próximas semanas y que habla de la obligatoriedad de licencia ambiental  para nuevas platas de beneficio de oro. Para las zonas urbanas, las plantas de oro existentes deben presentar un plan de manejo ambiental para el cierre, desmantelamiento y abandono de dichas prácticas. Y para las plantas de oro que se encuentran por fuera de los perímetros urbanos,  se les obliga a presentar  plan de manejo ambiental para su operación.

 

El Ministro Vallejo explicó que la nueva estrategia del gobierno fortalece las políticas ambientales encaminadas a  reducir y eliminar progresivamente el uso de mercurio en la minería, porque,  denunció,  más del  60 por ciento de las zonas hidrográficas del país se perjudican con la explotación de la minería ilegal.