Es un acuerdo de voluntades suscrito entre los alcaldes y gobernadores, con la ciudadanía a través de sus organizaciones representativas, en el que el Programa Presidencial actúa como testigo. El gobernante que suscribe el Pacto por la Transparencia, adquiere el compromiso de adelantar su gestión transparente bajo unas condiciones previamente acordadas, que tienen como componente fundamental un alto grado de participación ciudadana, con capacidad de incidir en las decisiones y en la definición de políticas públicas y de proyectos de inversión que los afectan, y de vigilar las acciones del mandatario para generar, fortalecer y consolidar el control social de lo público.


Los Pactos por la Transparencia se suscribirán entre gobernadores y alcaldes con sus comunidades, en cabeza de sus organizaciones más representativas. Con el Pacto por la Transparencia las administraciones departamental y municipal le garantizan a la ciudadanía su participación y plena visibilidad de lo que hace como gobernante, y cómo y en qué invierte los recursos públicos. Por el mismo Pacto por la Transparencia, la ciudadanía se compromete a hacer control Social. Estos dos grandes compromisos son un mecanismo para prevenir la corrupción.