La Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible –ASOCARS manifiesta su desacuerdo y preocupación por el manejo mediático de los resultados de la auditoría de la Contraloría General de la República, que afecta la institucionalidad de las CAR y genera en la opinión pública desinformación ante la gestión ambiental de estas entidades, deslegitimando su accionar como autoridad ambiental regional.

 

“Estos resultados los veíamos venir y por eso en varias oportunidades hemos solicitado reunirnos con el Contralor General y hoy nuevamente se lo estamos solicitando a fin de revisar el proceso auditor que en muchas ocasiones y por diferentes causas no atribuibles a las CAR, generan hallazgos cuyo manejo mediático causan grave daño a la institucionalidad ambiental y que por lo general en procesos posteriores son desvirtuados”, dijo Ramón Leal Leal, director ejecutivo de ASOCARS.

 

Estas causas corresponden a problemas estructurales del SINA, desconocimiento del régimen especial de las CAR o las diferencias de interpretación con los equipos auditores, sumados a que en algunas ocasiones los perfiles profesionales de los integrantes no son adecuados para realizar una correcta y objetiva evaluación.

 

Así mismo, las CAR por intermedio de ASOCARS, convocarán un encuentro con los jefes de control interno para analizar el proceso auditor y presentar al mismo Contralor y al país el consolidado nacional de las condiciones estructurales que generan estos señalamientos, que en muchos casos son desacertados, y además buscar mecanismos para encontrar procesos de mejora continua.

 

Ejemplo de lo desacertado de algunos hallazgos es el señalamiento a la CAR de Cundinamarca “Por realizar la adecuación del cauce de un río en donde no se requería, la CAR incurrió en un presunto detrimento patrimonial de $1.681 millones”. Las Corporaciones hacen parte del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo, en el que se ha pasado de la atención al conocimiento y la reducción sobre el manejo de los desastres y esa obra, como lo explicó el director de la CAR, se hace como resultado de un estudio que identifica la necesidad de esa intervención bajo un enfoque de región, de la sub zona hidrográfica, que inclusive tiene el visto bueno del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Cundinamarca, para prevenir desastres.

 

“Hace cuatro años nos tildaron por supuestamente no actuar, hoy que se desarrollan estas acciones de prevención también nos señalan por estar actuando. Así mismo ocurre con señalamientos en materia forestal a CODECHOCÓ, y que como lo expresó el Director General, la Procuraduría General de La Nación lo ha puesto ejemplo de gestión forestal por el significativo avance que bajo su administración se ha logrado a pesar de la complejidad del tema en Chocó, zona en donde esta actividad está asociada a los consejos comunitarios de comunidades negras”, expresó Leal.

 

La ejecución de recursos de las CAR se ajusta a las políticas ambientales y normatividad aplicable, y parten de la buena intención de realizar su principal función misional de máximas autoridades en sus jurisdicciones. Actúan en contratación y compras cumpliendo además de la Ley 80, con el SECOP y demás iniciativas gubernamentales de transparencia. Adicionalmente al ser sujetos de control de la CGR y la PGN, las CAR tienen revisoría fiscal, control interno y establecen veedurías ciudadanas y auditorias visibles; y 24 de las 33 se han certificado en sistemas voluntarios de gestión de calidad. Las CAR rinden cuentas ante un Consejo Directivo integrado por representantes del Presidente de la República, del Ministro, Gobernadores, Alcaldes y demás actores regionales. Y ajustan su planificación a las políticas ambientales del Plan Nacional de Desarrollo y cumplen con lo que planifica.

 

Sin desconocer la importancia del monto del total de los hallazgos ($10 mil millones) que menciona como posible daño fiscal la CGR, es necesario dimensionar que este monto corresponde a menos del 1% del total de recursos que manejaron en el 2015 (2,4 billones entre recursos propios y aportes de La Nación), proporción que se mantiene, así solo se mencionen 16 Corporaciones, lo que podría leerse como que la CGR por el posible daño fiscal de menos del 1% del total de los recursos que manejaron las CAR, pone en tela de juicio mediáticamente el 100% de los recursos con el que se contribuye al desarrollo sostenible y a mejorar la calidad de vida de las personas.  

 

Las CAR acatan y respetan los pronunciamientos de la Contraloría y ponen a disposición de la misma y de las demás entidades competentes en las etapas subsiguientes al proceso auditor, los documentos e información relacionada con los hallazgos. Pero es necesario entender que los hallazgos señalan la presunción más no la existencia de una falta, y que para desvirtuarla ya sea fiscal, disciplinaria, penal o administrativa, una vez recibido el informe las corporaciones tienen la oportunidad de demostrar que han realizado un trabajo ajustado a la normatividad vigente. Las CAR están dispuestas a seguir mejorando y cada una podrá demostrar que muchos de los señalamientos fueron mal interpretados o ya se han venido subsanando mediante el Plan de Mejoramiento.  

 

Por su especialidad ambiental y conocimiento del territorio, las CAR son entidades muy importantes para el desarrollo sostenible del país y cuentan con profesionales expertos y conocedores de las problemáticas ambientales. Por ello, es preocupante que la CGR no destaque el mejoramiento que han tenido mediante los planes de mejoramiento que se dan como resultado de estos procesos auditores, ya que consideramos que es muy importante el papel que puede cumplir la CGR al apoyar a la administración pública en la identificación de aquellas acciones u omisiones que interfieran con el accionar del Estado, procurando la mejora continua”, concluyó Leal.