Los recursos hídricos se encuentran bajo creciente presión por el uso desmedido e inconsciente, entre otros factores globales como el cambio climático. Este último,  altera los patrones pluviales, la humedad, el balance de las masas de los glaciares, la corriente de los ríos y también causa cambios en las fuentes de agua subterránea. Al mismo tiempo, las inundaciones y las sequías están aumentando en frecuencia e intensidad. Por lo anterior una adecuada gestión del agua dulce es esencial. (UNESCO, 2020).

 El agua funciona como un recurso natural y activo social, entendiéndose esto como la capacidad que el recurso hídrico tiene para satisfacer todo un conjunto de funciones humanas, económicas, sociales y ambientales, tanto de carácter cualitativo como cuantitativo. A medida que su multifuncionalidad es ignorada, se agudizan y se manifiestan los conflictos generados por la falta de disponibilidad del agua; lo anterior debido a la incapacidad del recurso hídrico de satisfacer diferentes funciones vitales para el ser humano y el desarrollo económico (Klink, 2012).

En resumen “el agua no solo es esencial para la supervivencia biológica, sino un requisito previo necesario para el desarrollo y mantenimiento de la economía y estructura social que hacen posible una sociedad. El agua no es solo una mercancía; es un imperativo central para la supervivencia, el mantenimiento y continuidad de las comunidades vivas...” (Utton, 1985).

A nivel internacional las prácticas y políticas de uso eficiente y sostenible del agua han adquirido importancia. Este recurso natural tiene un posicionamiento estratégico en casi todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), pero en especial en ocho (8) de ellos a saber: Objetivo 1: Fin a la Pobreza, Objetivo 2: Hambre Cero,  Objetivo 3: Salud y bienestar, Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento, Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles, Objetivo 13: Acción por el climática, Objetivo 14: Vida submarina y el Objetivo.15: Vida de ecosistemas terrestres.

Ahora bien, en el CONPES 3934  (DNP, 2018)  se establece que si bien Colombia es el decimoquinto país a escala mundial en disponibilidad de agua, sus recursos hídricos no se aprovechan de manera eficiente, ni se conservan. Lo anterior, sumado al hecho de que la disponibilidad de agua por persona en Colombia ha disminuido en un 31 % entre 1992 y 2014 (Banco Mundial, 2018), y que al 2030 se espera que el consumo de agua en la economía aumente en al menos un 64,5 % (DNP, 2017), lo que muestra la urgencia de integrar estrategias efectivas para garantizar el uso eficiente y la conservación del recurso a largo plazo.

Por lo anterior, en Colombia se ha expedido todo un marco normativo relacionado con la protección del recurso hídrico, encabezado con la Política Nacional de Gestión integral del recurso Hídrico, con el fin de administrar este recurso natural de forma eficiente, garantizando así su calidad y disponibilidad para todos.

Una de las estrategias planteadas en la Política Nacional de Gestión Integral del recurso Hídrico es el “Uso eficiente y sostenible del agua”, el cual tiene entre sus líneas de acción estratégicas: “Incrementar la implementación de los programas de uso eficiente y ahorro de agua (PUEAA)” (MAVDT, 2010). Esta estrategia busca fortalecer la implementación de procesos y tecnologías de ahorro y uso eficiente y sostenible del agua entre los principales consumidores de agua en el país.

El PUEAA es una herramienta enfocada a la optimización del uso del recurso hídrico, conformado por un conjunto de proyectos y acciones, tales como prácticas de reúso, recirculación, uso de aguas lluvias, reconversión de tecnologías y cualquier otro tipo de acción orientada al uso sostenible del agua, que le corresponde elaborar y adoptar a los usuarios que soliciten permisos de concesión de aguas, con el propósito de contribuir a la sostenibilidad y disponibilidad de este recurso.

Así las cosas, agua es un articulador de los bienes y servicios ambientales, por eso su uso debe ser eficiente y sostenible. Actualmente, en el Departamento del Atlántico se tienen registrados 145 usuarios con permiso de concesión de aguas vigentes, de los cuales solo han sido aprobados 51 PUEAA´s, es decir, solo el 35% de los usuarios cuentan este tipo de estrategias elaboradas y aprobadas por la autoridad ambiental.

La Ley 373 del 1997, determina que todas las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico deben presentar estos planes como estrategia al fortalecimiento de procesos, tecnologías de ahorro y uso sostenible del agua.

Por lo anterior, en la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A., hemos asumido el reto para este cuatrienio, de incrementar hasta en un 90% el número de usuarios del recurso hídrico con Planes de Ahorro y Uso eficiente del Agua aprobados e implementados.

Para lograr esta meta, hemos desarrollado diferentes estrategias de identificación de usuarios, legalización de permisos de concesión de aguas y ejecución de programas de asesoría y asistencia técnica, para que todos nuestros usuarios del recurso hídrico tengan la claridad sobre cómo elaborar y ejecutar efectivamente este tipo de estrategias, lo cual se reflejará en el mejoramiento de la calidad y disponibilidad de recurso hídrico presente en el Departamento del Atlántico, porque cuidar de nuestros recursos naturales es cuidar de nosotros mismos.

Jesús León Insignares

Director General