· MetCaribe solicitó nuevo permiso a la C.R.A

El director de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico C.R.A, Alberto Escolar, celebró la decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, al revocar la sentencia que ordenaba reabrir la fundidora MetCaribe S.A. en Malambo, luego que en el mes de septiembre del presente año, el Juzgado Segundo Promiscuo de ese municipio fallara a favor de la empresa.
En respuesta a la impugnación de la tutela interpuesta por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, se tomó esta medida por parte del Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, debido a que el acto administrativo considerado violatorio de sus derechos por el accionante ya había sido revocado por el decreto No. 139 de 2014 expedido por el alcalde del municipio de Malambo, declarándose la carencia actual de objeto de la acción de tutela contra el municipio de Malambo por existir hecho superado.
“Para nosotros como autoridad ambiental, con el fallo prevalecen los derechos de las familias afectadas por las labores de la empresa, el derecho a la salud y a la vida, que consideramos es lo fundamental de la decisión”, aseguró el director de la C.R.A.

Por otro lado, Escolar dio a conocer que una vez más, la empresa MetCaribe, mediante radicado 009571 del 27 de octubre de 2014, solicitó ante la C.R.A un nuevo permiso de emisiones atmosféricas, lo que ya en otras ocasiones ha sido negado por cuanto no cumple con los requisitos de compatibilidad del uso del suelo contemplados en el POT de Malambo, y que sus chimeneas no cuentan con las medidas exigidas para que el humo que sale de los hornos se disperse sin afectar a la población.
Sin embargo, la entidad hará el respectivo estudio tal como corresponde para dar respuesta a dicha solicitud, siempre ajustados a los requerimientos de Ley y al debido proceso, buscando siempre garantizar la protección del medio ambiente.
Cabe recordar que MetCaribe, es una de las cinco fundidoras de plomo ubicadas en Malambo, que no se encuentran funcionando en la actualidad, por no contar con los permisos necesarios contemplados en el Decreto 948 de 1995 para el desarrollo de su actividad.