Bogotá, D.C. 20 de octubre de 2016. (MADS). “El agua es un derecho fundamental, por ello debemos garantizar la infraestructura para que el acceso al recurso sea una realidad para todos”, así lo hizo saber hoy el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo al referirse al proyecto de acto legislativo que contempla incluir el derecho al agua y la preservación de las fuentes hídricas y páramos en la Constitución.

 

“Estamos de acuerdo, lo que queremos es que el acto legislativo salga bien de una manera responsable con el país, más allá del comunismo ambiental, más allá de la demagogia ambiental, porque lo ambiental se basa en evidencias, no en preferencias. Aquí hay temas técnicos que revisar, por ejemplo, si la carga, la resiliencia de un ecosistema me permite a mí hacer ciertas actividades y las puedo mitigar”, explicó Murillo Urrutia al referirse a la posición del Gobierno Nacional la semana pasada en la Comisión Primera del Senado, donde se aprobó en quinto debate el proyecto de acto legislativo.

                                                                                                                                                                                                               

Si bien el Estado tiene la obligación de velar por la conservación del recurso y de impulsar un desarrollo sostenible, garantizando a la población el acceso al agua para atender sus necesidades básicas, también tiene la responsabilidad de hacerlo en las condiciones adecuadas. “Hay que garantizar que se tenga la infraestructura para el acceso al servicio, desde la captación y la  distribución, hasta la disposición, de manera que se pueda hacer efectivo este derecho para los ciudadanos. Eso tiene que tener progresividad y por eso lo incluimos en el Proyecto con salvaguardas que ayuden a garantizar el servicio de agua potable, con la infraestructura y los recursos necesarios para cumplirles a los ciudadanos”, dijo el Ministro y explicó que así se toma una decisión responsable desde el punto de vista fiscal, para que haya disponibilidad de recurso y se pueda hacer exigible el derecho.

 

En este mismo sentido, el jefe de la cartera ambiental sostuvo que hay un segundo componente y es el uso prioritario del agua para consumo, que lo establece la ley y la jurisprudencia, lo mismo que la protección de los recursos hídricos: “A nosotros la recuperación y  protección  de los ecosistemas asociados al  recurso hídrico, nos conviene; pero también necesitamos la progresividad, porque no tenemos los recursos para  poder financiar los grandes pasivos ambientales que tiene el país y que se han generado durante años y que han afectado el recurso hídrico”.

 

Para el Gobierno Nacional la democratización del acceso al agua es una prioridad y por eso desde el Ministerio de Ambiente se trabaja en la protección de  las fuentes hídricas y los páramos, pero la entidad aclara que el suministro del recurso no depende exclusivamente de la condiciones de infraestructura, sino de las dinámicas relacionadas con el ecosistema asociados al agua. “Si bien el Estado tiene la obligación de velar por la conservación del recurso y de impulsar un desarrollo sostenible, garantizando a la población el acceso al agua para atender sus necesidades básicas, también tiene la responsabilidad de hacerlo en las condiciones adecuadas”.

 

Finalmente, el ministro Murillo reiteró que en ningún momento el Gobierno Nacional tiene inconvenientes con elevar a rango constitucional el derecho al agua, pero garantizando la prestación del servicio, sin que se eleven los costos para los estratos bajos; permitiendo el desarrollo de actividades agrícolas y forestales de pequeña y mediana escala; así como priorizando y concentrando las acciones por parte del Estado a través de las cuales se les brinde una asistencia oportuna a las poblaciones más vulnerables.