Son mecanismos jurídicos de eficacia y eficiencia mediante los cuales la entidad pública, entre sus diferentes dependencias o entidades descentralizadas, puede suscribir acuerdos de voluntad para el cumplimiento de sus fines, planes y programas.

Este acuerdo obedece a la imposibilidad de una entidad pública de contar con herramientas administrativas internas, que le permitan sin inconveniente cumplir un cometido y, por ende, acude a otra entidad pública de la misma jurisdicción, quien teniendo a su alcance lo necesario, le brinda una colaboración o un apoyo a esta primera entidad, a fin de poder cumplir el cometido propuesto.